El presidente Gustavo Petro reveló en el Consejo de Ministros que su gobierno ha detectado la existencia de "30 empresas, ya, de seguridad privada completamente de las bandas armadas", un fenómeno que calificó como "nueva realidad" que cuenta con "apoyo político, estatal".

El mandatario afirmó que en estas empresas "se encontraron 390 armas" entregadas por la Oficina de Control de Armamento, las cuales han sido recuperadas por el Estado al capturar a delincuentes en flagrancia, evidenciando un flujo ilegal de armamento desde las instituciones hacia la criminalidad.

Petro trazó un paralelo histórico con las Convivir de los años 90, que lograron obtener 20 mil armas del Estado que nunca fueron devueltas y que terminaron en manos de paramilitares, "el principal ejército narcotraficante". Alertó que actualmente "hay 40.000 armas que aparecen en los registros de la Superintendencia" pero que no coinciden con los registros de la Oficina de Control de Armas, sugiriendo un grave problema de contabilidad y control en el sistema de armamento.

El presidente reveló que al analizar información histórica "aparecen generales del Ejército vinculados a este problema", mencionando que "son otros y uno muy conocido", diferentes a los señalados mediáticamente. Petro exigió una investigación profunda, argumentando que si por corrupción se mantienen "las bandas urbanas, que son las que están matando más por sicariato", los esfuerzos por resolver el conflicto armado rural se ven anulados por la criminalidad urbana, a la que definió como un fenómeno distinto de "bandas" que reciben poder desde el propio Estado.