Defensoría pide que protocolo de intervención de la Fuerza Pública en universidades respete la autonomía

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento frente al anuncio del Gobierno Nacional de establecer un protocolo para la actuación de la Fuerza Pública en universidades, en el que advirtió que cualquier medida que se adopte debe preservar simultáneamente la autonomía universitaria, el ejercicio legítimo de la protesta y la obligación del Estado de proteger los derechos de todas las personas.

La entidad subrayó que la protesta pacífica, las asambleas estudiantiles y las expresiones de inconformidad no constituyen, por sí mismas, razones que justifiquen el ingreso de la Fuerza Pública a los campus, y advirtió que se deben evitar interpretaciones amplias que equiparen la protesta con conductas violentas o delictivas. Asimismo, recordó que la autonomía universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución, no es absoluta, pero tampoco convierte a las universidades en espacios excluidos de la ley.

La Defensoría enfatizó que, aunque existen circunstancias excepcionales como la flagrancia que permiten la intervención de la Fuerza Pública sin autorización previa de las autoridades universitarias, ninguna actuación puede ser ilimitada y debe respetar estrictamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación.

Por ello, exigió que el protocolo anunciado por el Gobierno sea expedido como resultado de un proceso participativo, tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia STC7641 de 2020, y que establezca de manera clara los supuestos excepcionales de intervención, las responsabilidades de las autoridades y los mecanismos de coordinación para prevenir excesos en el uso de la fuerza. La entidad reiteró su disposición a contribuir, en el marco de sus competencias, para que cualquier regulación en esta materia tenga como centro la protección de los derechos humanos.