Contraloría alerta sobre crisis financiera en Nueva EPS: facturas pendientes alcanzan los 22 billones

La Contraloría General de la República emitió una alerta administrativa tras un operativo de policía judicial realizado en julio en la Nueva EPS, revelando un deterioro financiero "progresivo" que compromete la sostenibilidad de la entidad y los servicios de salud para 10 millones de afiliados (22% de la población del sistema).

El organismo detectó un aumento del 155% en anticipos sin legalizar entre 2023 y 2024 (de $3,4 a $8,6 billones), que se dispararon a $15,27 billones en junio de 2025, sumando $6,6 billones adicionales solo en el primer semestre del año.

Además, identificó $143.000 millones en anticipos con más de dos años de antigüedad sin regularizar.

El operativo encontró 22,7 millones de facturas pendientes por un valor de $22,1 billones, de las cuales 9,1 millones estaban repetidas ($8,9 billones). Tras eliminar duplicados, persisten $13,2 billones sin procesar, con el 97% correspondiente a 2024 y primer semestre de 2025.

Las cuentas por pagar alcanzaron $21,37 billones en marzo de 2025, incluyendo $10,5 billones en anticipos sin legalizar y $8,7 billones en facturas pendientes. La Contraloría también identificó una subestimación de $11,1 billones en reservas técnicas a diciembre de 2024, cruciales para cubrir obligaciones futuras, junto a una falta de soportes de autorizaciones y facturas. Este desequilibrio entre ingresos y egresos "podría llevar a restricciones en la prestación de servicios", afectando especialmente a pacientes con enfermedades de alto costo.

La Contraloría remitirá la alerta a su delegación para el sector salud para determinar responsabilidades fiscales, y trasladará los hallazgos a autoridades competentes para investigar posibles conductas disciplinarias y penales.