Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, Colombia registró el asesinato de 112 líderes y lideresas sociales (21 mujeres y 91 hombres), así como el homicidio de 10 firmantes del Acuerdo de Paz. En el mismo periodo, se documentaron 86 masacres que dejaron 326 víctimas en 23 departamentos del país. Los departamentos del Cauca, Antioquia y Valle del Cauca concentran el mayor número de casos, evidenciando una crisis humanitaria que golpea con especial crudeza al suroccidente colombiano.

Las cifras reflejan que el ejercicio del liderazgo social, la defensa del territorio y la protección de los derechos humanos siguen siendo actividades de alto riesgo en el país. Según la Defensoría, en el caso del Cauca, fueron 26 los líderes asesinados en medio de este periodo.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en que defender derechos es un derecho y que la labor de las personas lideresas no puede ser estigmatizada ni convertirse en un factor de riesgo para su vida e integridad.

El llamado al Estado es a garantizar medidas efectivas de protección, a investigar y judicializar los crímenes, y a reconocer el papel fundamental de quienes trabajan por las comunidades en los territorios más golpeados por la violencia. La impunidad y la falta de garantías continúan siendo el principal obstáculo para que los líderes sociales puedan ejercer su labor sin temor a ser asesinados.