La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano; el subdirector Ómar Fernández; el asesor Néstor Osuna, y otros directivos de la entidad, abordaron la situación de la minga Emberá que llegó esta semana a Bogotá. En el espacio, la Unidad reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, rechazando categóricamente los discursos de racismo y aporofobia que han surgido en torno a su movilización.
“Los pueblos indígenas no estorban, vienen a dialogar y debemos garantizarles sus derechos fundamentales”, afirmó Solano, destacando que estas comunidades han sido históricamente marginadas y enfrentan condiciones de pobreza extrema. La directora llamó a la reflexión sobre el manejo respetuoso y responsable de esta situación, y subrayó que los discursos discriminatorios solo perpetúan las desigualdades estructurales.
En su intervención, la directora Solano desmintió información inexacta que circula respecto al rol de la entidad en la minga y fue enfática en aclarar que desde la Unidad para las Víctimas “no financiamos la movilización de los pueblos indígenas hacia Bogotá” pues no es de la competencia de la entidad.
De acuerdo con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: “nuestra tarea es garantizar derechos, ya sea a través del retorno, la reubicación o la integración”, señaló.
Por su parte, Ómar Fernández, subdirector de la Unidad, destacó los esfuerzos realizados para atender a las comunidades Emberá en Bogotá. Desde el pasado 8 de septiembre, cuando inició el proceso de retorno de la comunidad que habitó el Parque Nacional, la entidad ha garantizado ayudas a 56 familias Emberá (180 personas) que continúan en la ciudad, en tres albergues temporales en la capital. Los procesos de reubicación incluyen diálogo con comunidades receptoras, levantamiento de necesidades y concertación de territorios de reubicación. En ese contexto, Fernández aseveró que: “No es cierto que nosotros no nos hayamos reunido con la Alcaldía de Bogotá, nos reunimos el 17 de septiembre y el 29 de octubre para abordar precisamente estos procesos de retornos y reubicación”.
“Hemos garantizado condiciones dignas mientras avanzamos en procesos concertados de reubicación”, explicó, a la vez que desglosó las acciones realizadas en el marco de la corresponsabilidad: 271 hogares (660 personas) retornaron al Alto Andágueda y Risaralda en septiembre. De ellos, el 98% se mantienen su territorio, haciendo exitoso el retorno de quienes habitaron el Parque Nacional.
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