El más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, elaborado por su Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social, da cuenta de que entre enero del 2022 y mayo del 2024 hubo 38 eventos de conflictividad social relacionados con la presencia de cultivos de uso ilícito en el territorio nacional.
La cifra más alta data del 2022, con 28 casos (74% del total de los hechos identificados); en 2023, nueve (24%), y entre enero y mayo de este año, uno (3%).
Los departamentos en los que ocurrieron los eventos fueron Nariño: 21% de los hechos; Córdoba: 18%; Norte de Santander: 16%; Bolívar: 13%; Putumayo: 8%; Antioquia: 8%; Cauca: 5%; Meta: 5%; Valle del Cauca: 3%, y Caquetá: 3%.
Los conflictos sociales, a partir de lo evidenciado por la Defensoría, a través de su Delegada y Observatorio de Conflictividad Social, se debe a incumplimientos de los programas de sustitución, partiendo de la base que el Acuerdo Final de Paz define al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) como uno de los pilares de solución a la problemática, como también lo es la Reforma Rural Integral, que busca brindarle al campesinado una solución sostenible y definitiva. A la fecha, 99.097 familias han firmado acuerdos de sustitución en el país.
Entre las falencias evidenciadas, señala el documento, está la aplicación de la política rural y de sustitución de cultivos de uso ilícito, lo cual se manifiesta a través de ineficacia de las instituciones responsables del desarrollo rural, descoordinación entre niveles de gobierno para brindar una oferta sostenible, inseguridad alimentaria y nutricional y presencia de estructuras armadas ilegales.
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