En el marco de la Cumbre de Biodiversidad COP-16, la Defensoría del Pueblo emitió dos documentos de advertencia de riesgos coyunturales sobre ecosistemas estratégicos en Colombia y biodiversidad y derechos humanos para el Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Tolima, Putumayo y Valle del Cauca, departamentos en los que está el Macizo Colombiano.
“La COP-16, celebrada este año en Colombia, es una gran oportunidad para contarle al mundo el estado de la biodiversidad, hacer evidentes los diversos problemas, desafíos y obstáculos. Pero también, para robustecer, proponer e implementar estrategias de conservación y promover su protección de manera efectiva”, señaló la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
Los dos documentos advierten sobre las graves amenazas que presentan los ecosistemas a causa de las minerías legal e ilegal, la deforestación y la expansión de cultivos de uso ilícito, agregó la Defensora, “las cuales no solo contaminan los recursos hídricos, sino que destruyen ecosistemas vitales y ponen en riesgo a la flora, la fauna y las comunidades, sobre todo porque hace falta control institucional”.
La conservación de las áreas protegidas se encuentra altamente amenazada, 75 extensiones claves de biodiversidad en el país están en concesiones mineras y existe un alto riesgo de la pérdida de los guardianes de la naturaleza, es decir, de la misma comunidad, así lo evidencian los informes de la Defensoría.
Además, en la ecorregión del Macizo Colombiano, donde confluyen los biomas Andino, Amazónico y Pacífico y la cual posee el 26.8% de la superficie de páramos del territorio nacional, la expansión de la agricultura intensiva, la minería ilegal y la deforestación ponen en riesgo la biodiversidad, pues dichas actividades destruyen hábitats, alteran los ciclos ecológicos y afectan la calidad del agua y del suelo.
Por su parte, el cambio climático representa una amenaza significativa, ya que modifica los patrones de precipitación y temperatura, afectando los ecosistemas y especies que dependen de condiciones climáticas específicas. La falta de datos actualizados, además, dificulta la toma de decisiones informadas y la implementación de medidas de protección adecuadas.
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