Por petición de una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario a Francisco Javier Martínez Ardila, un investigador que estaría vinculado a una estructura criminal dedicada al contrabando.
Este funcionario, al parecer, aprovechó su cargo en la entidad para facilitar el ingreso ilegal de mercancía por los puertos de Buenaventura (Valle del Cauca) y alertar a los demás integrantes de la estructura criminal sobre los procesos que se adelantaban en su contra.
Los elementos de prueba indican que, entre 2016 y 2019, viajó en varias oportunidades a Panamá para presuntamente coordinar aspectos relacionados con la logística y embarque de los productos de contrabando que eran enviados a Colombia. De igual manera, se acreditó que habría acudido ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y otras autoridades para mediar en la devolución de un cargamento de cigarrillos que fue incautado en Cauca.
Con su intervención pretendía que las cajetillas y el vehículo que las transportaba fueran retornados a su propietario.
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