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Así fue la intervención forzosa del gobierno a la EPS Sanitas por problemas financieros y vulneración de derechos de sus afiliados

La Superintendencia Nacional de Salud efectuó hoy la intervención forzosa administrativa para administrar de la EPS Sanitas, y ordenó la toma de posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional, luego de evidenciar el estado de su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de sus usuarios, todo lo cual pone en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada estimada en 5.7 millones de afiliados.


Para la Supersalud, es claro que esas situaciones e indicadores de la EPS “se ven directamente reflejadas en la vulneración de los derechos de los afiliados y en el incumplimiento de las funciones indelegables de aseguramiento”.


Con corte a diciembre de 2023, la Superintendencia evidenció el incumplimiento de los indicadores de patrimonio adecuado y del régimen de inversiones de reserva técnica.

Según la evaluación hecha por la Superintendencia, la EPS Sanitas ha faltado a la obligación de pago con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud y ese no pago ha incidido particularmente en las condiciones de garantía del derecho a la salud a su población afiliada.


A diciembre de 2023, las deudas de esta EPS con las IPS ascendían a 2.04 billones de pesos, poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras.

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