Se trata de personal activo y retirado de las fuerzas militares, que son acusados por los procesos de incorporación de soldados en varias zonas del país.

Los capturados serían imputados por los presuntos delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, peculado por uso, falsedad en documento público, fraude procesal, abuso de función pública y prevaricato.

La investigación fue adelantada por el Ejército Nacional a través de su contrainteligencia y el Gaula Militar, en un trabajo conjunto, coordinado e interinstitucional con la Policía Nacional, Grupo Investigativo de Delitos contra la Administración Pública y la Fiscalía General de la Nación.

La operación fue desplegada en diferentes departamentos del País.